Luis Planas valora que el olivar pueda percibir el ‘pago verde’ sin tener que cumplir una práctica adicional en la nueva PAC

 El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha valorado que “el olivar, como el resto de los cultivos permanentes, no tendrá que cumplir ninguna práctica adicional para recibir el ‘pago verde’ o ‘greening’ y se podrá calcular como un porcentaje del pago básico de cada agricultor”, según se contempla en el acuerdo alcanzado sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) el pasado 26 de junio.

Luis Planas ha realizado estas declaraciones tras el encuentro mantenido en Jaén con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) para analizar el acuerdo alcanzado en Bruselas sobre la reforma de la PAC.

Asimismo, ha explicado que, en lo referente al pago básico, “no existen especificidades para el olivar, por lo que estará afectado por el modelo general de esta ayuda”. Según ha explicado, la forma de distribución de este pago básico dependerá, fundamentalmente, de cómo se definan a nivel nacional tres elementos importantes como el modelo de región, el modelo de convergencia interna dentro de cada región y el sistema de limitación de nuevas superficies.

Otro de los aspectos que ha resaltado el consejero sobre el acuerdo de reforma de la PAC alcanzado en Bruselas está relacionado con “la aplicación de un régimen para los pequeños agricultores, que se aplicará hasta una cantidad de 1250 euros”. De esta forma, los agricultores que entren en este régimen podrán quedar exentos del sistema de convergencia conservando, en gran medida, sus ayudas”, ha señalado.

En el caso de la provincia de Jaén, de los más de 102.000 agricultores podrán beneficiarse de este régimen unos 43.660, que supone un 42,7%, ha concretado.

No obstante, ha apuntado el consejero, la actual reforma de la PAC “no responde a las demandas de nuestra estructura productiva agrícola y ganadera pese a paliar algunos de los efectos perjudiciales que acarrearía a nuestra comunidad autónoma, como la convergencia interna entre regiones, que se limita al 60%”.

Asimismo, se ha referido a las pérdidas potenciales máximas por parte de cada agricultor, que “gracias a la intervención muy activa por parte del Parlamento, no podrán superar el 30%”. En ambos casos, ha señalado, “lo deseable para Andalucía hubiera sido alcanzar una cifra inferior”.

En cuanto al proceso que está siguiendo esta reforma, ha recordado que la fase de negociación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas “es tan decisiva como la que acaba de concluir a nivel comunitario”. “Por ello, vamos a debatir sobre la estrategia que debemos seguir con las cooperativas y las organizaciones agrarias para que, en la conferencia sectorial prevista para los días 24 y 25, los intereses de Andalucía estén bien defendidos y logremos que nuestros agricultores y ganaderos puedan mantener su nivel de renta”, ha aseverado.

Sobre la próxima negociación nacional, el consejero recordado que “la postura de Andalucía es favorable a la aplicación de un modelo mixto que combine criterios agronómicos y económicos con criterios administrativos”. El objetivo es “evitar el trasvase de ayudas entre productores y territorios y limitar las pérdidas para nuestros agricultores, tal y como hemos venido defendiendo desde el principio, de tal forma que no se destinen fondos para actividades que no sean productivas desde el punto de vista agrícola y ganadero”, ha explicado.

En lo referente a las medidas de mercado, ha lamentado que no se haya avanzado en cuestiones tan importantes como los instrumentos de gestión de mercados, que de forma coyuntural y estructural permiten dar estabilidad y corregir desequilibrios de la cadena agroalimentaria. “Los avances en este segundo reglamento de la PAC han sido más limitados y, aunque hemos conseguido que no desapareciera el precio de referencia del aceite de oliva, se ha dejado en mano de la Comisión la activación de su puesta al día”. Un mecanismo, ha subrayado, “que nos obligará a hacer un trabajo permanente con el sector respecto a los costes y a la presión que tendremos que hacer para conseguir su activación en el marco comunitario”.

Fuente; olimerca